Varios medios digitales coinciden en destacar que los abogados laboralistas y de derecho mercantil son los más solicitados en nuestro país en los dos últimos años. El mundo de la empresa marca la pauta jurídica. Conozcamos a qué se debe eso y qué tareas desempeñan estos profesionales.
El peso de las empresas es decisivo en la economía y en la sociedad en estos momentos. No siempre se ha dado como se da en la actualidad. El portal Noticias Jurídicas presenta una radiografía del sector de la abogacía y señala que los especialistas en derecho del trabajo y los abogados de empresa son los más contratados, muy por encima de otras especialidades.
Vivimos en una situación de gran movilidad que arranca de la pandemia del 2020. El confinamiento supuso un parón en seco de la actividad económica. Aquel año cerró con más de 750.000 trabajadores en ERTE y aparecieron nuevos fenómenos como el teletrabajo.
Tres años después, las empresas intentan recuperar el ritmo anterior en un marco complicado, con los niveles de inflación más altos de las últimas décadas y un lógico descenso del consumo. Cada día se sacan medidas legales nuevas para afrontar la situación. Las empresas tienen que recurrir a la asistencia y asesoramiento legal para no ir perdidas. Comentamos en este artículo algunas de las especialidades más solicitadas.
Abogado laboralista.
Pese a las noticias que nos llegan por los medios de comunicación, la situación del mercado laboral es inestable. Se debe a la movilidad de la economía. Si una empresa debe reducir costes porque la producción no le sale rentable, por ejemplo por el alto gasto energético, esto le lleva a producir menos y colocar aparte de su plantilla en ERTE o ERE. Lo mismo sucede si baja el consumo, tendrá que prescindir de una parte de los trabajadores, puesto que no puede vender los mismos productos y servicios.
Las empresas luchan por recuperar la producción anterior al 2020. Cuando ven una oportunidad, en seguida la aprovechan. Esto implica la contratación de nuevo personal, aunque sea con carácter eventual. En este aspecto, el panorama es muy diferente a la crisis que vivimos en el 2008, que se caracterizó por el cierre masivo de empresas.
Ante esta oscilación, las empresas tienen que recurrir a abogados laboralistas, puesto que les surgen problemas en el ámbito laboral casi todos los días. Un abogado especialista en este campo, contratado por una empresa, vela por los intereses de la compañía en el marco laboral.
Un abogado laboralista asesora a una empresa recién creada en sus obligaciones laborales. Orienta en la elaboración de los contratos de trabajo. Tramita las jubilaciones y prestaciones por invalidez de los empleados, y se encarga de gestionar la suspensión o extinción de los contratos.
Interviene como representante de la empresa en la resolución de conflictos que pudieran surgir entre esta y los trabajadores. Participa en la negociación de los convenios colectivos como parte de la empresa.
En cuanto a las responsabilidades con la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, se encarga de preparar toda la documentación para las auditorías laborales, asiste a la empresa en procedimientos judiciales o administrativos interpuestos por Inspección de Trabajo o por la Tesorería General de la Seguridad Social y asesora a la empresa en su política laboral para beneficiarse de los incentivos que promueve el Estado.
Los trabajadores también recurren a estos profesionales para defender sus derechos ante problemas que pudieran surgir en su relación con la empresa.
Derecho concursal.
Otra de las especialidades demandadas estos últimos años son los abogados especializados en derecho concursal. El derecho concursal es una rama del derecho mercantil que hace referencia a los procesos de saldo de deuda impagada.
Una empresa puede verse imposibilitada en un momento dado para hacer frente al pago de sus deudas por falta de liquidez o por acumular deuda de forma incontrolada. Los acreedores, si no reciben su dinero, puede emprender acciones judiciales.
El abogado concursal acompaña al empresario insolvente durante todo el proceso, ayudándole a salir de la quiebra y a mantener a salvo su patrimonio personal.
Estos abogados intervienen en los procesos de concursos de acreedores y concursos voluntarios defendiendo los intereses de sus clientes. Le asesoran para poder beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad.
Participan en las declaraciones de quiebra, insolvencia y bancarrota, y colaboran en la elaboración de planes de viabilidad de la empresa y en la ejecución de planes de liquidación.
Intervienen en las negociaciones de la empresa con los bancos y otros acreedores, para renegociar las condiciones de la deuda, participan en convenios concursales, en las clasificaciones de crédito y en la reclamación de dudas a otras empresas.
Contratar un abogado de este tipo le supone a la empresa un ahorro de tiempo y dinero. Tiempo, en cuanto a que ellos son los encargados de realizar los trámites y gestiones pertinentes, ponerse en contacto con el juzgado mercantil y con los acreedores, y recabar la información precisa que demanda el proceso.
Dinero, en cuanto a que todo su trabajo va encaminado a proteger el patrimonio de su cliente.
Para cobrar, estos abogados ofrecen dos opciones: precio fijo, u honorarios a comisión. El precio fijo es una cantidad que se establece al principio del contrato y que incluye los honorarios y los gastos de gestión. Establecer los honorarios a comisión en esta especialidad está sujeta a varios criterios: la complejidad del proceso, el tiempo empleado y, desde luego, el porcentaje de objetivos conseguidos.
Asesoramiento fiscal.
Las asesorías fiscales son una herramienta básica para el funcionamiento de las empresas. Están dirigidas por abogados y graduados sociales. Se encargan de gestionar las responsabilidades de las empresas con Hacienda, la Seguridad Social y otros organismos públicos, pero también de ayudar a los empresarios a que se beneficien de las subvenciones y ayudas públicas que se van ofreciendo continuamente.
Por ejemplo, en el portal de noticias Autónomos y Emprendedores informa que a partir de enero del 2023, las empresas innovadoras de nueva creación y las startups pueden beneficiarse de interesantes ventajas fiscales.
De entrada, tributan por un tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades durante los dos primeros años. Podrán aplazar sus autoliquidaciones hasta un año sin recargo, utilizar hasta 50.000 € en acciones libres de impuestos para pagar a sus empleados o crear el negocio sin pagar tasas.
Para beneficiarse de esta medida se exige:
- Que no hayan transcurrido cinco años desde la inscripción de la empresa en el registro mercantil.
- No haber surgido de la fusión, escisión o transformación de otra empresa.
- Tener su sede social en España.
- Que el 60% de la plantilla, como mínimo, sea española.
- Desarrollar un proyecto de carácter innovador, certificado por Enisa.
- No cotizar en bolsa.
- Que sus fundadores estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
Este es un ejemplo de las ayudas que van saliendo periódicamente y a las que las empresas se pueden acoger. Si no se cuenta con un buen asesoramiento fiscal, es probable, que ni tan siquiera que conozcan su existencia.
Asesoramiento integral.
Los particulares y las empresas buscan bufetes que resuelvan cualquier problema jurídico que se les puede presentar. Es habitual que veamos despachos de abogados con una composición multidisciplinar, con profesionales especializados en derecho laboral, derecho civil, mercantil, penal, administrativo e incluso que lleven la gestión fiscal de los negocios de sus clientes.
Los abogados de Trámites fáciles Santander, un despacho de abogados de ese tipo, con más de 10 años de experiencia, nos comentan que este modelo de bufete inspira gran confianza en los clientes. Si les surge cualquier problema en el que necesitan asesoramiento legal, aunque no tenga nada que ver con los asuntos que habitualmente se trabaja con él, se intenta resolver sin salir del despacho.
Si una empresa, que trabaja con una gestoría laboral y fiscal, en un momento dado tiene que recurrir una multa de la inspección de sanidad, si la gestoría está asociada con un abogado administrativo, es más sencillo resolver el problema del cliente, que si la empresa tiene que buscar desde cero a un profesional que no conoce de nada.
Tal es la acogida que tiene el asesoramiento jurídico integral, que algunas compañías, desde hace años, ofrecen a sus suscriptores asesoramiento por teléfono o internet sobre cualquier asunto que les competa. Los suscriptores pagan a la compañía una cuota mensual o anual, y esta ofrece una vía de comunicación directa.
Les pueden consultar desde como reclamar un recibo incorrecto de la compañía eléctrica, hasta qué pasos dar para iniciar un divorcio. Si el asunto requiere la intervención de un abogado, la propia empresa de asesoramiento facilita el profesional más adecuado, aplicándole un descuento sobre sus honorarios.
Las empresas que trabajan con despachos de abogados multi-disciplinales es como si tuvieran un servicio jurídico propio. Pueden afrontar cualquier problema legal que les surja. Los abogados intentarán resolverlo de la manera más satisfactoria posible para la empresa, ya que le interesa mantenerla como cliente.
Como hemos visto, el sector laboral y empresarial acapara gran parte de la atención de los abogados; sin embargo, lo que busca la gente son despachos que les puedan resolver cualquier problema legal.
